Por fin, pondrán tope al sueldo de los alcaldes

Por: | Etiquetas: | Comentarios: 0 | diciembre 13th, 2012

El Gobierno establecerá la nómina de los alcaldes en relación con la población de su municipio y en ningún caso podrá superar el sueldo de un secretario de Estado, según el principio de acuerdo sobre este punto entre PP y PSOE en el marco de las negociaciones para la reforma de la Administración local.Según han confirmado a Efe fuentes de la negociación, el consenso es "muy amplio" sobre este asunto, que es uno de los puntos clave de la reforma de los ayuntamientos, en la que está trabajando el Ejecutivo y están negociando a la vez los dos grandes partidos.Esta iniciativa se incluiría dentro de la reforma local que el Ejecutivo pretende aprobar próximamente y que busca ahorrar 3.500 millones de euros al eliminar duplicidades.

Las mismas fuentes han precisado que, sin embargo, el PP y el PSOE mantienen discrepancias sobre el número de concejales que se reducirían, que el Gobierno en un principio fijó en un 31,1 por ciento, lo que equivaldría a pasar de los 68.578 actuales a 47.240 en la próxima legislatura municipal.

Tanto el Gobierno como el PSOE han defendido en los últimos meses la necesidad de establecer una regulación en los salarios de los alcaldes y en las últimas horas han alcanzado un importante consenso.

Actualmente hay alcaldes como los de Barcelona, Xavier Trías, y Madrid, Ana Botella, que tienen un sueldo anual por encima de los 100.000 euros.

Cuando el Consejo de Ministros estudió en julio el informe sobre esta reforma de la administración local, el Ejecutivo informó su intención de que los presupuestos de cada año fijen los baremos de la retribución de alcaldes y concejales en función de las características del municipio.

El Gobierno comunicó entonces su idea de que ningún alcalde ni presidente de Diputación pudiera cobrar más que un ministro (68.981,88 euros) ni que las retribuciones de la corporación municipal pudieran suponer más del 0,6 por ciento del total de gastos del presupuesto municipal.

También el PSOE ha reivindicado esta medida y, de hecho, en febrero del año pasado pidió homologar las retribuciones de alcaldes y concejales en función de criterios de población y presupuesto del municipio, dentro de una convención celebrada en Sevilla.

Una iniciativa que trasladó al Gobierno en las primeras negociaciones sobre la Administración local, en el verano pasado, cuando los socialistas precisaron algo más su propuesta y fijaron el listón en el sueldo de un secretario de Estado.

Según lo establecido en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2013 que se tramita en las Cortes Generales, los secretarios de Estado cobrarán 67.055,31 euros brutos al año.

En paralelo, la futura ley de transparencia contemplará la obligación de dar publicidad a las retribuciones e indemnizaciones percibidas por los cargos electos locales.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apostó el pasado viernes por homogeneizar sueldos y número de asesores en los ayuntamientos en el marco de la reforma de la administración local y confió en alcanzar un acuerdo con el PSOE y la Federación Estatal de Municipios y Provincias.

Según recordó la vicepresidenta, el Ejecutivo está estudiando un borrador de esa reforma para aprobar un anteproyecto "hablado y, si es posible, compartido".

La vicepresidenta reconoció que la administración pública debe dar ejemplo y afirmó que, tras treinta años de diferencias, es "necesario establecer unos criterios" que permitan "igualdad de trato en el sueldo y número de asesores".

El PSOE y el PP llevan tiempo negociando en secreto esta reforma de la administración local con la intención de consensuar el cambio de la Ley de Bases de Régimen Local y clarificar las competencias de los consistorios.

El principal escollo en esta negociación es el papel de las diputaciones provinciales, porque mientras que el Ejecutivo central quiere reforzarlas para que presten servicios básicos en municipios menores de 20.000 habitantes, el PSOE ha apostado incluso por su desaparición y ha denunciado que esta medida supondría abrir una vía a su privatización en el ámbito local.

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