El Gobierno quiere revisar la financiación de la dependencia desde julio

Por: | Etiquetas: | Comentarios: 0 | febrero 18th, 2015

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La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha planteado la posibilidad de revisar la financiación de la ley de dependencia a partir del mes de julio, cuando está prevista que finalice su implantación con la incorporación de los dependientes moderados.

Durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso para exponer la acción del Gobierno en esta materia, Camarero ha destacado que los contratos a los trabajadores con discapacidad aumentaron en 2014 un 19 por ciento con respecto al año anterior.

En concreto, el año pasado se contabilizaron 82.977 contratos a personas con discapacidad, frente a los 69.648 de 2013, de los que 59.559 corresponden a centros especiales de empleo y 23.418 a empleo ordinario.

Los partidos de la oposición han criticado al Gobierno por los problemas de financiación de la ley de dependencia y le han acusado de “desmantelar” el sistema.

La secretaria de Estado ha invitado a los grupos parlamentarios a analizar el sistema de financiación de la dependencia, junto con las comunidades autónomas, para “evaluar los mecanismos que van bien o mal y ver cómo se puede mejorar”, coincidiendo con la incorporación de los últimos beneficiarios.

Camarero ha admitido que el Gobierno ha tenido que hacer “ajustes” en la dependencia, aunque ha opinado que los cambios realizados por el Ejecutivo han permitido que el sistema de la dependencia esté “más vivo que nunca”.

Al comienzo de la legislatura, “estaba colapsado, funcionaba mal y de forma desigual y era poco transparente cuando llegamos”, ha lamentado la secretaria de Estado, quien ha subrayado que su gestión ha permitido un ahorro del 80 por ciento del gasto corriente.

La diputada socialista Laura Seara ha acusado al Gobierno de pretender “cargarse” y “dejar morir” el sistema de atención a la dependencia y de haberlo hecho “ineficaz, ineficiente e inviable”. Desde CiU, el parlamentario Carles Campuzano ha criticado la reducción de la financiación por parte del Estado y ha coincidido en la necesidad de revisar el sistema para resolver los problemas de la lista de espera o la insuficiencia de los servicios vinculados a la ley.

El portavoz de la Izquierda Plural Álvaro Sanz ha lamentado los recortes de la financiación de la dependencia por parte de las administraciones, al tiempo que ha expresado su preocupación porque a pocos meses de la evaluación del sistema el Imserso no haya publicado los datos estadísticos de 2014.

En nombre del PNV Emilio Olabarría ha opinado que en relación con la dependencia “las cosas no mejoran” y ha mostrado su preocupación por el aumento de la pobreza infantil en España.

Francisco Bañó, del PP, ha asegurado que la política del Gobierno en materia de discapacidad va “por buen camino” y ha resaltado que no se pueden resolver los problemas “de hoy para mañana”.

Durante su intervención, Camarero ha anunciado que “en breve” estará concluida una propuesta de reforma de la ley de propiedad horizontal, después de que los colectivos de la discapacidad hayan reclamado una supresión de barreras para facilitar la accesibilidad a sus propios domicilios.

Respecto a la lucha contra la violencia de género, la secretaria ha resaltado que casi el 60 por ciento de las personas con discapacidad que viven en España son mujeres y niñas que en la práctica sufren “una doble discriminación” y cuya vulnerabilidad se agrava en los casos de malos tratos. Ha apuntado que el 10 por ciento de las mujeres asesinadas en el año 2013 sufrían discapacidad, porcentaje que se elevó al 13 por ciento en el año 2012 y se redujo al 5,66 en 2014.

En concreto, el pasado año, hubo tres mujeres con discapacidad entre las 53 víctimas mortales por sus parejas o exparejas, mientras que en 2013 fueron cinco de las 54 víctimas y en 2012 fueron siete de las 52 mujeres asesinadas. Ha recalcado tres medidas “de extraordinaria relevancia” para las personas con discapacidad como la regulación de una tarjeta común de estacionamiento, la declaración del 14 de junio como Día Nacional de la Lengua de Signos y la aplicación del tipo reducido del 10 por ciento a las prótesis auditivas.

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